En el mundo corporativo a nivel mundial, cada vez se ha hecho más frecuente utilizar el término Compliance o, en español, cumplimiento, ganando bastante notoriedad en relación con la prevención de delitos. El campo de acción de esta medida es bastante amplio, debido a que busca establecer programas de gestión de riesgos, cumpliendo estrategias para combatir y mitigar posibles efectos desde el interior del negocio.
La principal función del compliance es garantizar la integridad de la compañía, para ello se identifican riesgos y se establecen mecanismos, políticas y procedimientos adecuados para garantizar que la empresa, incluyendo sus directivos, empleados y agentes vinculados cumplan con el marco normativo aplicable, es decir, no sólo se concentra en el logro de objetivos, sino en cómo estos se alcanzan.
Puede entenderse por riesgo al resultado o consecuencia de una incertidumbre frente a la realización de un evento, es decir, la posibilidad de que ocurra un suceso y el desconocimiento acerca de cómo valorar exactamente la probabilidad de que pase. Quedan así claramente determinables dos características esenciales del riesgo: la probabilidad de que ocurra y el impacto luego de su culminación.
La pandemia del coronavirus representa en primer lugar una afectación directa sobre la salud y la vida de las personas, consecuentemente se derivan importantes desafíos para los negocios. Desde la perspectiva del cumplimiento, el riesgo ya se cristalizó con la llegada del COVID-19, por otro lado, la medición del daño aún está por definirse. Sin duda esta época de crisis será un indicador definitivo para determinar el grado de preparación que tienen los negocios para dar respuesta ante los riesgos.
Esta emergencia sanitaria y las medidas excepcionales que han adoptado los Gobiernos, están incrementando notablemente la exposición de las empresas hacia el posible incumplimiento de obligaciones contractuales, sanciones administrativas e incluso a la comisión de conductas de carácter penal, como es el caso de la corrupción, esto se debe a que la misma situación de emergencia y la suspensión de algunas formalidades, flexibilizan algunas prácticas, por ejemplo la carencia de contraloría en la adquisición de bienes y servicios, abriendo así oportunidades a prácticas ilegales de agentes inescrupulosos. Dado que el Compliance precisamente está diseñado para dar respuestas a riesgos empresariales y situaciones de crisis, es fundamental desarrollar mejores prácticas de Compliance para enfrentar circunstancias empresariales extraordinarias relacionadas con el COVID-19.
Otro aspecto a considerar en este sentido tiene que ver con la ciberseguridad, debido a que muchos organismos internacionales han informado acerca de un significativo aumento de ciberataques. En esta crisis del coronavirus, las limitaciones de movilidad, aunado a la necesidad de implementar trabajo remoto, han hecho que todos los negocios, y personas en general se vuelvan dependientes totalmente de las plataformas digitales, aumentando la vulnerabilidad y el riesgo de pérdidas de información confidencial o de terceros, daños en sistemas, facilidades al acceso a sistemas de información, interceptación de transmisiones informáticas, entre otros.
El paso de la pandemia ha hecho que se cambien las reglas del juego, modificando todos los escenarios, perspectivas y proyecciones que hasta hace pocas semanas se concebían, esto somete a gran presión a muchas compañías, por tanto es importante entender que no es tiempo de flexibilizar los estándares ni las medidas de cumplimiento, al contrario debe apostarse por restaurar y adoptar estrictamente los sistemas de prevención, tanto para los trabajadores como los directivos, quienes deben renovar y reajustar todos los compromisos éticos de la organización.
